Packaging Cluster y KPMG Abogados han analizado en un acto conjunto los aspectos regulatorios y los impuestos especiales más relevantes derivados de la reciente aprobación de la norma.

Tras casi un año de tramitación parlamentaria y más de 1.300 enmiendas entre Congreso y Senado, la Ley de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular ya ha sido aprobada. Con ese motivo, KPMG abogados y Packaging Cluster han celebrado un evento online conjunto en el que han repasado los aspectos más destacados de la norma y cómo éstos afectarán al sector del packaging.

La presentación ha contado con la participación de Carmen Mulet, socia del departamento de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG Abogados; Juan José Blanco, socio responsable del área de Impuestos Especiales y Medioambientales, y Antonio Fernández de Bujan, senior manager del área de Impuestos Especiales y Medioambientales de la firma. Por su parte, el Packaging Cluster actuó de mediador, dando acceso a los diferentes socios que componen la entidad para que pudiesen conocer la ley al detalle.

Aspectos regulatorios

En palabras de Carmen Mulet: “la nueva norma fija los principios de una economía circular y pone el foco en romper el vínculo entre el crecimiento económico y el impacto sobre salud humana y el medio ambiente, con un claro objetivo de reducción de residuos”. Estos son algunos de sus aspectos más destacados, según KPMG Abogados:

1. Principio de jerarquía de residuos

Con la aprobación de la nueva ley se refuerza la aplicación del principio de jerarquía de residuos para conseguir un mejor resultado medioambiental global en cinco fases: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la energética) y eliminación.

Con objeto de reforzar la aplicación del principio, la administración pública activará diferentes instrumentos económicos (entre ellos, tasas y restricciones a las operaciones de depósito en vertederos o incentivos fiscales a la donación de productos) para cumplir con una serie de obligaciones a tres años vista: establecer una tasa que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real – directo e indirecto – de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de sus residuos. 

2. Instrumentos de política de residuos

El Estado y las diferentes comunidades autónomas deberán elaborar: un programa de prevención de residuos y de residuos alimentarios, medidas económicas de reducción del consumo de plásticos de un solo uso, un plan estatal marco de gestión de residuos y planes autonómicos de gestión de residuos. Todos estos instrumentos se revisarán cada 6 años.

Por otro lado, se instaurarán medidas e instrumentos económicos, como un impuesto al depósito de vertederos, la inclusión en la compra pública del uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables y reciclables y la obligación de que el contratista público incluya medidas de formación y sensibilización a la población.

3. Medidas de prevención de residuos

La finalidad de éstas es romper el vínculo entre crecimiento económico y el impacto negativo sobre salud humana y el medio ambiente, con el objetivo de reducir el peso de los residuos generados un 13% en 2025 y un 15% en 2030. A continuación, se mencionan algunas de las más destacadas:

• Prohibición de destrucción o depósito en vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos, textiles, juguetes y AEE, que deberán destinar a reutilización, donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización o a las siguientes opciones de la jerarquía de residuos.
• Hostelería y restauración deben ofrecer posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita
• Comercios de alimentación deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables adecuados
• Obligación de comercializadores de la Administración Pública de informar sobre su reparabilidad.

4. Responsabilidad ampliada del productor^[1]

Con la entrada en vigor de la nueva ley se verá ampliada la responsabilidad del producto (pendiente de desarrollo reglamentario), siendo obligados, entre otras cosas, a lo siguiente:

• Diseñar productos de forma que se reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos.
• Aceptar devolución de productos reutilizables y la entrega de los residuos generados tras el uso.
• Asumir la gestión del residuo y su responsabilidad financiera
• Ofrecer información a instalaciones de tratamiento sobre su correcta gestión
• Establecer sistemas de depósito que garanticen devolución de cantidades y retorno del producto
• Informar sobre prácticas de obsolescencia prematura

5. Restricciones a plásticos de un solo uso^[2]

Los agentes implicados en su comercialización avanzarán en una reducción de su consumo mediante la sustitución de estos productos de plástico preferentemente por alternativas reutilizables y de otros materiales tales como plástico compostable, madera, papel o cartón, entre otros.

Por lo que se refiere a la economía del plástico, la Ley transpone la Directiva sobre plásticos de un solo uso exigiendo medidas a los productores. Destacan medidas de reducción, de prohibición de introducción en el mercado, de ecodiseño y marcado, y de concienciación, así como el uso de instrumentos económicos como la responsabilidad ampliada del productor. Este nuevo régimen, además, amplia y tipifica más detalladamente el catálogo de infracciones e incrementa el importe de las sanciones.

En este caso, la administración pública hará seguimiento de la reducción del consumo de estos productos, pudiendo establecer medidas encaminadas a su reducción, prohibición y requisitos de diseño:

a. Reducción

• Reducción en peso de la comercialización de los productos de plástico de un solo uso, respecto a 2022. En 2026 deberá ser del 50% y en 2030 el 70%.
• Obligación de cobrar precio (diferenciado en tique venta) a consumidor, desde 1/1/2023.
• Productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción tales como vasos para bebidas y recipientes para alimentos.

b. Prohibición (excepto productos sanitarios): entre otros, bastoncillos de algodón; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas; agitadores de bebidas; recipientes para alimentos hechos de poliestireno expandido; recipientes para bebidas de poliestireno expandido, y sus tapas y tapones; vasos para bebidas de poliestireno expandido (y sus tapas y tapones) y productos con plástico oxodegradable.

c. Requisitos de diseño

• Recipientes para bebidas de hasta tres litros de capacidad, sus tapas y tapones.
• Envases compuestos para bebidas, y sus tapas y tapones.
• No aplica a tapas y tapones hechos de plástico de los recipientes para bebidas de vidrio o metal y recipientes para bebidas utilizados para alimentos para usos médicos especiales.
• A partir de 3/7/2024, solo se introducirán en el mercado los productos cuyas tapas y tapones permanezcan unidos al recipiente durante su utilización.

6. Régimen sancionador 

Estas son las novedades más destacables en cuanto al régimen sancionador:

• Sometimiento de los productores de residuos domésticos y comerciales al eventual ejercicio de facultades inspectoras en materia de residuos por parte de las entidades locales.
• Ampliación y tipificación más detallada del catálogo de infracciones muy graves y graves, incluyéndose entre las primeras el abandono de basura dispersa (littering).
• Incremento del importe de las sanciones hasta 3,5 millones de euros las muy graves, 600.000 euros las graves y 20.000 euros las leves.
• Prohibición de obtener subvenciones u otro tipo de ayudas de la Administración (que ha impuesto la sanción) hasta haber cumplido la misma y ejecutado medidas de reparación e indemnización de daños ambientales y perjuicios causados (para infracciones graves o muy graves y con resolución firme).
• Prohibición de contratar con el sector público como consecuencia de la imposición de una sanción firme por la comisión de infracción muy grave, así como la retirada del título de operador, transportista, agente o gestor de residuos con el que se haya cometido la infracción.
• Introducción de regulación pormenorizada del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, incluye reducciones en caso de reconocimiento de la infracción y pago voluntario, efectos de la denuncia por el infractor.